La ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez acompañada del vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, del Presidente del Organismo Promotor de Inversiones y Exportaciones de El Salvador, Sigfrido Reyes y del Presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Nelson Vanegas, presentaron este 3 de julio a la Asamblea Legislativa, la iniciativa de Ley de Zona Económica Especial (ZEE) con la que se busca potenciar el desarrollo económico de 26 municipios de la zona costero marina oriental del país.
La Ley de la Zona Economía Especial en la región suroriental de la Franja Costero Marina (FCM) permitirá contar con un instrumento que promueva niveles de inversión significativos, históricamente alejados de esta parte del territorio salvadoreño; asimismo permitirá una fuerte generación de empleos con potencialidad en el mediano y largo plazo de ser altamente capacitados, mejorando la calidad de vida de la población y disminuyendo los niveles de pobreza. Asimismo, buscaría generar un encadenamiento productivo que beneficie a la micro y pequeña empresa de los territorios priorizados y de las zonas aledañas con las empresas y actividades que ahí se desarrollen.
La Zona Económica Especial en la región suroriental de la Franja Costero Marina (FCM) es la propuesta estratégica para insertarse en los mercados internacionales e incidir de manera positiva en la competitividad regional, convirtiendo a El Salvador en un país más atractivo en la región y en un centro logístico estratégico de América Latina.
Los 26 municipios que conforman la Franja Costero Marina (FCM) de la región suroriental del país cuentan con una serie de activos estratégicos que deben ser potencializados a través de políticas de atracción de inversión y generación de empleo.
De acuerdo a dicha iniciativa, presentada este día, el Ministerio de Economía administrará, verificará y vigilará las obligaciones y condiciones establecidas en la Ley y su Reglamento, por lo que se creará dentro de su estructura institucional una Secretaría Ejecutiva de la Zona y una Ventanilla Única.
La Secretaría Ejecutiva será una dependencia del Ministerio de Economía, creada por esta iniciativa de Ley, mientras que la Ventanilla Única dependerá de la Secretaría Ejecutiva, y será conformada por las diferentes instituciones o dependencias del Estado involucradas en las operaciones para el óptimo funcionamiento de la ZEE y servirá como único punto de contacto para la recepción y atención de trámites, entre los Desarrolladores, Operadores Económicos, y las autoridades competentes, incluyendo las municipalidades.
De igual manera se contemplan las figuras de Desarrollador (encargado de la urbanización, construcción, mantenimiento y desarrollo de polígonos y de la infraestructura complementaria), y Operador Económico (empresas que desarrollen cualquiera de las actividades incentivadas).
Para el éxito de la Ley de ZEE es importante ofrecer incentivos fiscales y no fiscales diferentes a los que se brindan en condiciones normales dentro del territorio nacional, entre estos destacan: Exención del Impuesto sobre la Renta (ISR), Exoneración del IVA, Exoneración de aranceles de importación, Exoneración de impuestos municipales, Exoneración de impuestos a la transferencia de bienes inmuebles e Incentivos no fiscales.
Algunas de las actividades que gozarán de incentivos fiscales bajo esta iniciativa de ley serán: portuarias, aeroportuarias y actividades conexas; turísticas; aeroespaciales; generación de energías renovables y de energías limpias; exploración y explotación de Gas Natural y petróleo; industriales; agroindustriales; pesca, procesamiento y comercialización de especies marinas para ser sometidas a transformación industrial; acuicultura; servicios internacionales; investigación, innovación, desarrollo científico y tecnológico, entre otras.
Con este instrumento se busca regular la creación, planificación, operación, desarrollo y sostenibilidad de una Zona Económica Especial de la Región Sur Oriental de El Salvador, conformada por 26 municipios, con el propósito de generar condiciones favorables y seguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera en el país, que permita impulsar el crecimiento socioeconómico sostenible a través de la competitividad, productividad, sostenibilidad ambiental, empleo, progreso técnico, contribuyendo a la reducción de la pobreza, acceso a servicios básicos, a vidas saludables y al bien común de la sociedad.
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